“Planificación Territorial en Áreas Amenazadas por fallas geológicas: Recomendaciones de Ajustes al Plan Regulador Comunal de Puente Alto para reducir el Riesgo Sísmico asociado a la falla San Ramón”
El pasado 14 de septiembre, en el diario La Tercera, se realizó una publicación donde se compara la Falla San Ramón, situada entre 10 a 12 kilómetros bajo la superficie terrestre con la Falla de San Andrés, en Los Ángeles, la Falla invertida de Puente Hill, ambas en Estados Unidos, y otras fallas en Taiwán, Asia, las que han registrado poderosos sismos de magnitud 7 o superior en la escala de Richter. El artículo señala que la Falla San Ramón, podría producir un evento telúrico de similares características, ya que cumple con los mismos parámetros de las fallas mencionadas.
En este contexto, es relevante mencionar la tesis de Magister en Urbanismo en la U. de Chile de Elena Pontigo Arestizábal, titulada: “Planificación Territorial en Áreas Amenazadas por fallas geológicas: Recomendaciones de Ajustes al Plan Regulador Comunal de Puente Alto para reducir el Riesgo Sísmico asociado a la falla San Ramón” (2023).
El marco teórico de la tesis de Elena se centra primero en exponer las características de la amenaza y el área afectada. Posteriormente, identifica los factores que inciden en la vulnerabilidad sísmica a partir del análisis de la situación actual y proyectada de la Falla San Ramón. Finalmente, ofrece recomendaciones para reducir el riesgo sísmico, basándose en experiencias internacionales que han enfrentado desafíos similares. Además, profundiza en la "criticidad de la infraestructura", uno de los principales factores identificados, el cual carece de una definición en la normativa urbana chilena vigente y no cuenta con parámetros para su regulación. En este sentido, Elena detalla cómo los planos reguladores comunales pueden ser herramientas poderosas para mitigar riesgos en este ámbito.
Imagen 1: Niveles de amenaza del área afecta a la Falla San Ramón
En su análisis de casos internacionales, la estudiante, recientemente graduada, analiza casos de planificación territorial en zonas afectadas por fallas activas, como en California, Taiwán, Japón, Nueva Zelanda, Costa Rica y, en Chile, la Región de Tarapacá. Estos casos establecen áreas de restricción basadas en la proximidad a la falla, donde se prohíbe la subdivisión predial, la construcción de infraestructura crítica y edificaciones con alta carga de ocupación. En estas zonas, se permite únicamente la construcción de viviendas de madera o acero con un máximo de dos pisos, y se exige informar a los compradores que la propiedad se encuentra en una zona de falla, garantizando una decisión informada. Además, las áreas de riesgo se integran al sistema de espacios abiertos, se prohíbe la infraestructura peligrosa y se establecen estándares para redes vitales como agua, alcantarillado y electricidad.
En cuanto a los factores que afectan la vulnerabilidad sísmica en zonas con fallas activas, el uso de suelo es clave. Elena propone una clasificación de los usos del suelo según su nivel de criticidad, considerando la necesidad de continuidad de servicio en caso de desastre, la peligrosidad y la densidad de ocupación. Los usos de suelo de alta criticidad incluyen el residencial con destino establecimientos de larga estadía para adultos mayores, las actividades productivas e infraestructura calificada como peligrosas, y cierto equipamiento deportivo, de educación, salud, seguridad y servicios.
Imagen 2: Niveles de Infraestructura Crítica
Otros factores reconocidos incluyen la subdivisión predial mínima, la altura máxima de las edificaciones, la densidad poblacional, los materiales estructurales y los estándares de urbanización referidos a la accesibilidad y las redes.
La investigación de Elena también ofrece criterios generales para regular estos factores en un área amenazada por una falla cortical activa, diferenciando distintos niveles de amenaza. En este aspecto, se propone en primer lugar, delimitar un área de riesgo alrededor de la zona de ruptura potencial, según el estudio geológico pertinente, en la cual se recomienda impedir la subdivisión predial y la edificación. Además, se aconseja incorporar los terrenos no ocupados en el sistema de espacios abiertos, fijando un uso de suelo como área verde o espacio público, y restringir tanto la altura máxima como el coeficiente de constructibilidad. En las áreas ya urbanizadas, sugiere evitar la construcción de nuevas edificaciones residenciales que impliquen la llegada de nuevos habitantes y asegurar que los conjuntos habitacionales existentes tengan dos sistemas viales independientes.
Imagen 3: Vista panorámica de los conjuntos habitacionales emplazados a lo largo de la Falla San Ramón
Imagen 4: Ubicación de los conjuntos habitacionales existentes y proyectados en las áreas de ruptura y del piedemonte
En cuanto a la reducción del riesgo sísmico fuera del área de ruptura, Elena sugiere regular las zonas donde las aceleraciones podrían superar los valores establecidos por la normativa sísmica vigente. Mientras se actualiza esta normativa, propone condicionar las edificaciones de alta o media criticidad a la presentación de proyectos estructurales que consideren la presencia de la falla.
Agrega, que en el caso específico de Puente Alto, es fundamental estudiar el comportamiento, ante un terremoto, de las torres de alta tensión y de las instalaciones de la planta potabilizadora de Aguas Andinas, ubicadas en el área de potencial ruptura. También advierte sobre la necesidad de realizar estudios sobre la remoción en masa, como deslizamientos y caída de rocas, para precisar las áreas que preliminarmente se definieron como susceptibles, en las que también debe restringirse la edificación.
La tesis concluye que el Plan Regulador Comunal (PRC) es un instrumento esencial para la prevención de riesgos, complementario a las normas de diseño sísmico y a los planes reguladores intercomunales, que también establecen "áreas de riesgo". Asimismo, se destaca la importancia de incorporar normas urbanísticas en los instrumentos de planificación territorial para todos los usos de suelo y condiciones que contribuyan a la sustentabilidad, considerando las particularidades del territorio comunal y las de sus comunidades, especialmente en zonas donde el riesgo no es posible de mitigar, como el asociado a las fallas geológicas.
Imagen 5: Plan Regulador Metropolitano de Santiago, área amenazada por la Falla San Ramón
Finalmente la investigación sugiere diversas modificaciones normativas incluyendo cambios a la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en coherencia con la Ley N°21.364 que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres . Para el Plan Regulador de Puente Alto, se recomienda la inclusión obligatoria de las amenazas conocidas en los instrumentos de planificación territorial, así como la prohibición de edificar en áreas que, por sus características, pongan en riesgo la vida de las personas. Asimismo, se sugiere incorporar la definición de “edificación crítica” y establecer niveles de criticidad para los usos de suelo, basados en la carga de ocupación. Además, se propone regular las características de las edificaciones y obras de urbanización ubicadas en zonas de riesgo, en línea con el artículo 105 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Imagen 6: Recomendaciones a la zonificación del Plan Regulador Comunal de Puente Alto
En cuanto a la metodología utilizada en la investigación, el estudio adoptó un enfoque mixto que incluyó entrevistas semiestructuradas a expertos en riesgo sísmico y planificación urbana, la caracterización del territorio mediante información secundaria de distintos organismos públicos y el análisis de los instrumentos de planificación vigentes.