Todo comienza con la demanda de 41 mil millones de pesos por gastos extras, realizada por la empresa Kodama, en la licitación para construir el corredor Pedro Aguirre Cerda del Transantiago. En base a ello, la ex Ministra de Vivienda, Magdalena Matte, fija un acuerdo judicial con la empresa constructora de indemnizar el monto 17 mil millones de pesos por el trabajo extra.
La polémica de la situación surge precisamente por la autorización incurrida por Matte sobre dicho acuerdo, pago que posteriormente fue suspendido por la propia ex ministra y quien luego dispuso antecedentes ante el Ministerio Público para ser investigados.
El día lunes 18 de abril, la bancada del PS pidió la renuncia de la exministra Matte, tras presentar una querella sobre los implicados y responsables en el caso. Durante la mañana del día martes 19 de abril, la ministra anunció sorpresivamente su renuncia al Presidente Sebastián Piñera, abandonando su cargo luego de verse implicada en las irregularidades del proceso.
Al respecto, el Director del Instituto de Vivienda -INVI- y académico de la FAU, Jorge Larenas, explica que el caso Kodama ha llevado al extremo el modelo de gestión implementado en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo por la administración del Presidente Piñera, en la figura de la renunciada Ministra Matte. Lo anterior se resume en una completa ausencia de diseño estratégico que se ha traducido en un estilo reactivo expuesto permanente a los vaivenes coyunturales de un sector complejo que en su quehacer impacta directamente en la calidad de vida de todos los chilenos y que, además, ha debido hacer frente a las consecuencias del 27F.
"Esta situación originó un ministerio que en administraciones anteriores jugaba un rol importante por los altos niveles de productividad que permitían ciertos márgenes de legítima capitalización política, a ser el epicentro del cuestionamiento público: desde el desorden y fallas comunicacionales en los llamados a postulaciones a los subsidios habitacionales hasta los lentos avances en el proceso de reconstrucción", señala.
Por último, el académico manifiesta que sumado a lo mencionado anteriormente y desde una perspectiva más específica, el caso Kodama ha reiterado una falta de rigor en los procedimientos de la autoridad del sector, que sin duda se desprende de una falta de experiencia y dominio técnico en lo que refiere a la gestión y administración pública que opera con coordenadas muy distintas a las del sector privado.
"Los procedimientos burocráticos no son banales, pues ellos tienden a resguardar la transparencia y por esa vía proteger lo que es de interés público. En tal sentido, buscar el atajo del decreto exento que evita el someterse al juicio de la Contraloría General de la República, más aún cuando en ello se involucran 17.000 millones de pesos, sólo puede catalogarse como obsceno", agrega.
