Siete sitios de memoria: la importancia de una reparación simbólica

Siete sitios de memoria: la importancia de una reparación simbólica

El 17 de mayo, en el Salón Montt-Varas del Palacio de la Moneda, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) realizó una sesión extraordinaria exclusivamente para analizar las solicitudes de declaratoria de siete Sitios de Memoria presentadas por las agrupaciones de familiares de ejecutados y detenidos desaparecidos. 

Al final de la exposición de los antecedentes, los siete sitios fueron aceptados de forma unánime por los 19 consejeros que componen por ley el CMN. El académico Felipe Gallardo, que representa en este organismo al Instituto de Historia y Patrimonio (IHP) de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U. de Chile, participó de esta sesión y la calificó como “humanamente difícil, conmovedora y devastadora”.

“Desde el retorno a la democracia hay un reconocimiento por parte del Estado de Chile, a través del Informe Rettig y Valech, de que durante la dictadura hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos. La reparación simbólica es parte importante del derecho de las víctimas a medidas reparatorias, asimismo es importante para toda la comunidad en términos educativos, históricos y de no repetición. En este sentido, la declaratoria de los siete sitios representa un avance en la reparación y justicia para muchas familias”, señaló el Profesor Gallardo.

Regimiento N°23 de Copiapó

Dentro de los siete sitios declarados como Monumento Histórico, se encuentra el Regimiento N°23 de Copiapó, que según los informes Rettig y Valech funcionó desde 1973 hasta 1975 como recinto de detención, tortura y ejecución. Asimismo, está relacionado con la Caravana de la Muerte. 

A pesar de ello, la decisión de declarar este recinto militar sitio de memoria generó reparos por parte de la institución uniformada, ya que considera que el lugar está destinado al cumplimiento de sus fines militares y el desarrollo de las funciones propias del Ejército, los cuales se verían intervenidos con esta declaratoria y la unidad quedaría expuesta en términos de seguridad e inteligencia.

Sobre esta molestia, expresada en una misiva del comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, a la Ministra de Defensa, Maya Fernández, el académico y miembro del CMN, Felipe Gallardo hace un llamado a un consenso mínimo de convivencia. 

“El sitio de memoria es una materia que no puede ser controversial. Se debe entender que es una reparación simbólica y no se puede confundir con la gestión del sitio propiamente tal. Las organizaciones tienen diversas expectativas respecto de los sitios pueden convertirse en una fundación, centro cultural, a veces se busca rendir homenaje en ciertas fechas, por lo que se hace imprescindible abrirse al diálogo, ponerse de acuerdo entre las partes antes de cerrar la puerta a la conversación. No hay que precipitarse, porque no hay a priori una incompatibilidad entre administración del sitio con restricción de seguridad que plantea el Ejército”.

Por su parte, la académica del IHP experta en patrimonio y memoria, Prof. Pía Montealegre, señaló que si el uso que le da el Ejército al regimiento es definitivamente incompatible con el sitio de memoria, debe primar éste último y debe buscarse otras instalaciones para desarrollar las funciones militares. 

“Ni el Ejército ni el Congreso ni otras instituciones tienen atribuciones para cuestionar el valor histórico sancionado por el organismo que hemos definido competente por ley. El Ejército sí está en su deber el hacer ver contradicciones funcionales y el CMN puede definir una forma de establecer ese resguardo que sea compatible con el resto del predio. Por ejemplo, en el caso del Estadio Nacional, se establecieron como Monumento Histórico recintos puntuales: el camarín, la portería norte, la escotilla, el caracol sur. El predio siguió funcionando como recinto deportivo en convivencia con la memoria histórica. Por otra parte, está el proceso de memorialización del lugar. No todo lo que sea salvaguardado tiene que estar necesariamente abierto al público de inmediato si el regimiento sigue operando en el predio. Pueden establecerse formas que permitan establecer un lugar de memoria en un cierto punto y en un futuro, habilitar para el acceso público todo lo que haya sido señalado como monumento histórico. Quizás en el futuro ese regimiento quede obsoleto y su uso se vuelva compatible con un lugar de memoria. Pero ese futuro no va a existir jamás si no se sanciona hoy el resguardo patrimonial. Es lamentable que un asunto tan técnico y con tantas posibilidades y ejemplos que tomar, sea usado una vez más para dar tribuna al negacionismo y para demorar aún más los procesos de reparación que son deber del Estado. El Ejército, por su propio rol público y su peso histórico, debiera cuidar especialmente su posición al respecto”.

El arquitecto experto en espacios públicos y memoria, Prof. Daniel Opazo, ahonda en el ejemplo del Estadio Nacional: “Este predio funcionó como centro de detención, tortura y exterminio; sin embargo, lo que se ha preservado como sitio de memoria es un sector de la galería norte, donde se instaló una intervención de texto y de diseño lumínico que sirve de recordatorio. Lo que no ha implicado que el estadio completo y tampoco el coliseo central sean restringidos en su uso cotidiano. En el caso del Regimiento de Copiapó se podría definir una zona que pueda servir como símbolo de lo que se busca reconocer a través de la declaratoria sin que por eso la actividad militar regular del regimiento se vea obstaculizada. Con una buena voluntad de las partes en particular del Ejército de Chile podría buscarse un sector del regimiento que pudiese estar abierto a la ciudadanía como sitio de memoria, porque además el Ejército tiene un mandato doctrinario de buscar la reparación y la no repetición”. 

Para el Director del Instituto de Historia y Patrimonio (IHP), Prof. Rodrigo Vera, es importante asumir el desafío de hacer convivir el respeto a la memoria y el funcionamiento de cualquier institución pública. 

“La sociedad debe enfrentar con altura de miras los hechos acaecidos hace 50 años y como sociedad tenemos que tener la madurez para hacer compatible la memoria con las funciones de cualquier institución pública. Tenemos el desafío de hacerlo convivir porque además puede ser una instancia reparadora y puede cerrar heridas que aún están abiertas. Esta convivencia puede aportar a eso”.

Por su parte, el académico y urbanista Rodrigo Caimanque sostuvo que "es muy positivo que espacios que fueron utilizados como centro de detención y tortura sean reconocidos como sitios de memoria y tengan protección por parte del Estado, porque son muestras de un pasado que nos duele a todas y todos y que no podemos olvidar. Lo que debemos garantizar es la no repetición, por lo tanto el reconocimiento de estos lugares debe ser valorado y el Estado debe hacerse cargo ya que tiene una deuda histórica y estos gestos permiten avances importantes. En el caso del regimiento es muy prioritario llegar a acuerdos sobre los usos y cómo este recinto militar se adapta ya que tiene una historia que no puede ser invisibilizada".   

Finalmente, Felipe Gallardo puntualizó que si bien es un avance significativo la declaratoria de los siete sitios de memoria y con ello además se materializa el compromiso del Plan Nacional de Derechos Humanos, ampliando la representatividad territorial de los sitios de memoria en Chile, sus regiones y provincias, “el Estado de Chile aún tiene un camino por recorrer, porque estas obras de reparación simbólica se han hecho muy a pulso y lideradas por las agrupaciones, por las mismas víctimas. Después de 50 años de los sucesos todavía no cerramos estas heridas porque no se ha entregado una reparación o una solución integral, definitiva a la altura de los hechos, ha sido un proceso lento y engorroso, y las  víctimas se están muriendo.”

Los siete sitios corresponden a:

  1. En la provincia de Chiloé: la adición de valores al decreto (modificación de decreto) al actual monumento histórico 1a Comisaría de Ancud
  2. En la Región de Arica Parinacota: solicitud de declaratoria de Monumento Nacional de la Ex Cárcel de Arica.
  3. En la Región de Tarapacá, solicitud de declaratoria de Monumento Nacional del Ex Campo de prisioneros de Pisagua.
  4. En la Región de Coquimbo, solicitud de declaratoria de Monumento Nacional de La Fosa del Cementerio de La Serena.
  5. En la Región del Maule, solicitud de declaratoria de Monumento Nacional del Ex Recinto de Detención de la CNI/DINA en Talca.
  6. En la Región del Ñuble, solicitud de declaratoria de Monumento Nacional de Memorial Puente El Ala.
  7. En la Región de Copiapó, solicitud de declaratoria de Monumento Nacional del Regimiento de infantería motorizada Nro. 23

En la mayoría de los casos se trata del primer sitio de memoria y Derechos Humanos de la Región.

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