En los últimos 5 años la institucionalidad ambiental chilena ha sembrado las bases para enfrentar la triple crisis de cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación. La ley marco de cambio climático (2022), la ley que crea el servicio de biodiversidad y áreas protegidas (2023) y la implementación de la ley de plásticos de un solo uso y responsabilidad extendida del productor, entregan tres encuadres institucionales completamente nuevos para Chile. Estas disposiciones requieren a todos los sectores- tanto público como privado, nacionales, regionales, municipales-nuevos profesionales, con miradas críticas e integradoras, además de conocimientos técnicos.
Los profesionales necesarios para enfrentar estos desafíos, son necesariamente personas altamente comprometidas con el bienestar común, pero, por sobre todo, políglotas e integradores de las ciencias ambientales y sociales. La formación geográfica en su naturaleza eminentemente integradora, se hace más necesaria que nunca para los desafíos y necesidades del país y una ciudadanía cada vez más conocedora y demandante de un bienestar ambiental.
Por ejemplo, todos los municipios- si todos- deben generar planes de adaptación al cambio climático, al mismo tiempo que protegen sus humedales, y buscan conservar los paisajes que representan valores ambientales, ecológicos y culturales. Los gobiernos regionales enfrentan los desafíos de las inundaciones y sequías con soluciones más innovadoras, basadas en la naturaleza. Materializar estas iniciativas no solo requiere conocimiento técnico, que va desde la geomorfología hasta el análisis de imágenes satelitales de las dinámicas locales del clima, sino que también requiere una lectura crítica de la pertenencia cultural de dichas intervenciones con enfoques interseccionales. El sector privado tendrá nuevas obligaciones de compensaciones en biodiversidad que requieren de saberes ambientales y ecológicos, pues ya no se trata solamente de generar secuestro de carbono, si no que de generar co-beneficios de secuestro de carbono y ganancias netas de biodiversidad, en territorios donde hay que entender los entramados sociales para que estas iniciativas tengan validez y sustento en el mediano y largo plazo.
El sector público a nivel central tiene que cumplir con más de trece planes sectoriales de cambio climático. Además, como país nos comprometimos con las 23 metas del marco global de biodiversidad, aprobadas en la conferencia de las partes número 15 de Biodiversidad en Montreal. Estos compromisos legales, nacionales e internacionales, requieren de profesionales capaces de entender estas medidas, como llevarlas a acciones concretas, pero también comprender bien el juego actor involucrado, el rol de las organizaciones no gubernamentales locales, nacionales e internacionales, en un contexto geopolítico aún mayor, que está en plena transformación.
¿Quiénes-sino los jóvenes formados en la disciplina de la geografía- están preparados para estos desafíos?
Daniela Manuschevich
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