La Universidad de Chile hace ya más de 22 años comenzó a salir de un largo periodo obscuro impuesto por la dictadura militar, cuando primaban las evaluaciones académicas discrecionales y mediocremente realizadas, así como decisiones autocráticas que pasaban por la eliminación o desaparición de académicos “díscolos” sólo porque resultaban molestos al director designado de turno. Desde entonces ha habido avances notables en democratizar y transparentar la gestión universitaria. Hoy por hoy, en la U. de Chile se cuenta con procesos e indicadores cada vez más objetivos, transparentes y participativos para medir gestión y calidad académica, colectiva e individualmente (aunque muy lejos aún de ser perfectos e infalibles). Lo mismo ocurre con la mayoría de las universidades del Consejo de Rectores, es decir, las principales y mejores universidades del país.
Ello no quiere decir que las mediciones de productividad académica sean siempre utilizadas correctamente. El Rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, ha encabezado en el último tiempo una notable lucha por eliminar la discrecionalidad de las últimas evaluaciones para la distribución de los fondos basales por parte del Ministerio de Educación. El último caso fue escandaloso, con universidades de segundo orden liderando los rankings nacionales, en función de criterios acordados bajo cuatro paredes, que otorgan ponderación desmedida a una producción cuestionable, relativizada sólo en función de números de estudiantes, por sobre el incuestionablemente superior peso específico que tiene la U. de Chile en la sociedad. Pero la lucha del Rector Pérez en ningún caso pasa por impugnar la calidad y relevancia de la productividad académica de la primera universidad del país, que lidera por lejos en Chile la producción de papers ISI y proyectos Fondecyt, sino que todo lo contrario.
Me refiero a que el cuestionar indicadores objetivos de medición de calidad de una universidad y sus académicos, no sólo sería un absurdo, sino que un acto de total estupidez.
Esto es, una Universidad Pública se construye a la luz de mediciones objetivas y validadas, respetando la libertad de pensamiento y el pluralismo de ideas. La universidad pública por excelencia de este país es una universidad inclusiva, donde deberían tener cabida los mejores académicos y estudiantes, sin importar su credo y condición social. Pero también es una universidad de calidad, donde su real aporte a la sociedad se mantiene vigente a través de una constante producción académica, que es evaluada en función de su calidad demostrada (y no imaginada). Ello no se logra impugnando estándares de medición, cuando las evaluaciones demuestran que no se tiene suficiente productividad, sino que esforzándose colectiva y colaborativamente por continuar liderando todos los espacios relevantes de quehacer universitario. Uno tendería a pensar que en la universidad del siglo XXI existe consenso en estos temas tan básicos, aunque no siempre resulta así.
Publicado el día 28 de enero de 2013 en El Ciudadano.
