La legítima crítica a este proyecto en Barón, nada tiene que ver con su planteamiento arquitectónico, claramente estandarizado a los usos comerciales tipo "mall - shopping", utilizados profusamente a nivel mundial, especialmente en operaciones de reconversión de franjas portuario litorales. Quien lo evalúa bajo esta óptica, se equivoca, y no logra descubrir la verdadera matriz de su irracionalidad. El principal daño está en que la multimillonaria operación, afectará un porcentaje importante de los terrenos dedicados al uso portuario comercial de la ciudad, impidiendo su proyección y desarrollo adecuado, al menos en los próximos 50 años. Las reconversiones litorales se justifican, en ciudades donde sus puertos comerciales han caído en obsolescencia (Barcelona, Santander, etc), y éste no es el caso el de Valparaíso.
En paralelo, el gestor central de todo esto, es la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), empresa pública que "representando los intereses del Estado de Chile", se muestra más solícita en facilitar la comercialización de privados, que en la preservación del territorio costero nacional, para fines estratégicos de desarrollo social, económico y cultural de la Nación. Entonces surge la pregunta, ¿cómo es que el Estado, representado por su Gobierno y organismos, interesado en el desarrollo integral del comercio mundial, tan adicto a la firma de tratados internacionales, opta por beneficiar a consorcios privados (Consorcio Mall Plaza Barón), en vez de propiciar la sustentabilidad de sus recursos territoriales y patrimoniales, lo que sin duda no debiera ser incompatible con la participación regulada de las empresas privadas?. El fenómeno corresponde a una tendencia originada en la década de 1980, profundizada en democracia con elaborada tecnocracia, mediante la cual el Estado "externaliza" sus operaciones en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del territorio nacional, sus recursos y potencialidades; el borde costero de Valparaíso es una clase magistral de todo esto (...)
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