Carta Abierta a las y los Candidatos Presidenciales

El incremento significativo de eventos de desastres provocados por el cambio y la variabilidad climática, así como por el aumento de la exposición y de la vulnerabilidad en el país, hace urgente modificar los patrones de ocupación del territorio y fortalecer  la prevención del riesgo a través del diagnóstico certero y la reducción de las causas que estructuran estas condiciones que lo generan. Sólo así el país podrá desarrollarse en forma segura, sostenible y se pueda reducir el sufrimiento humano provocado por los desastres.

Archivo Javier Rubilar - Comuna de Chaitén bajo las cenizas post erupción del volcán del mismo nombre.

1. El riesgo se construye diariamente a través de decisiones públicas y privadas. Por ello, es fundamental integrar la gestión del riesgo de desastres en la planificación territorial, la inversión pública, la educación y las políticas sociales, con un enfoque intersectorial y financiamiento estable. La planificación y regulación territorial deben incorporar de forma vinculante las amenazas y vulnerabilidades existentes. Debe establecerse obligatoriedad de incorporar la perspectiva de riesgo de desastres en los instrumentos de desarrollo regional y comunal (Estrategias Regionales de Desarrollo y Planes de Desarrollo Comunal) que permitan que el desarrollo territorial no sólo se limite a los instrumentos de planificación. Se requiere alcanzar total y urgente tramitación del decreto que propone la modificación de los artículos de áreas de riesgo en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.
2. La implementación efectiva de la Ley N.º 21.364 de 2021, que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) y sustituye la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), exige fortalecer a los municipios como actores centrales en la gestión del riesgo de desastres, permitiendo que la gestión territorial deje de ser discursiva y cuente con capacidades reales para que los gobiernos locales, especialmente los de menor tamaño, puedan priorizar medidas preventivas a la vez que fortalecen sus capacidades de respuesta ante desastres. Esto contribuye también a la descentralización y toma de decisiones con mayor autonomía, lo que se requiere para mitigar o evitar que emergencias menores escalen a categoría de desastre. Por ello, es importante robustecer a las Unidades Comunales de Gestión de Riesgos de Desastres cuando hoy sólo 138 comunas (40%) han logrado finiquitar su Plan comunal para la Reducción del Riesgo de Desastres.
3. La gestión del riesgo debe focalizar sus recursos principalmente en la prevención y mitigación de los impactos potenciales de los desastres para evitar los altos costos financieros y especialmente humanos de la respuesta a la emergencia y la posterior recuperación, teniendo en consideración las particularidades de cada territorio, pero entendiendo que los procesos de reconstrucción deben responder a las necesidades de recuperación de las condiciones de habitabilidad dignas.
4. Chile carece de una Política Nacional de Recuperación Post-desastres institucionalizada, permanente y con financiamiento asociado, y se hace urgente su diseño para ser ejecutada cuando sea pertinente. Los procesos actuales son reactivos, elaborados caso a caso y de carácter transitorio, lo que hace que la rehabilitación y la reconstrucción dependan de la voluntad política más que de un marco estable de gobernanza, financiamiento, participación y aprendizaje institucional que atienda las causas estructurales que desencadenan en un desastre.
5. Robustecer el quehacer de los Comités de Gestión de Riesgo de Mitigación -preparación multinivel, aprovechando este mecanismo legal interministerial para priorizar inversiones que contribuyan a reducir exposición y vulnerabilidad en los territorios.
6. Se requiere revisar e incluso evaluar la modificación legal a la función de supervisión que la Ley 21.364 dispone para SENAPRED. Esta debe apuntar no sólo a aspectos formales de la planificación, sino a apoyar con fuerza que los compromisos del SINAPRED puedan ejecutarse de cara a lograr una reducción sostenida del riesgo de desastres. Para ello, se debe evaluar el ejercicio de esta atribución y detectar brechas en términos de competencias, capacidades y recursos financieros. Se debe entregar mayores atribuciones a Senapred, para que en un trabajo conjunto a la Contraloría General de la Republica puedan fiscalizar la creación y actualización de los planes requeridos por la Ley 21.364 en servicios públicos y Municipios, con sanciones similares a la de la Ley Marco de Cambio Climático en Chile.
7. Se requiere avanzar en análisis y evaluación del riesgo de desastres desde un trabajo colegiado del SINAPRED. Para ello es clave contar con capacidades interdisciplinarias (humanas, tecnológicas y presupuestarias) que apunten a generar modelaciones y escenarios prospectivos para anticipar planificación y acción en todos los niveles de la sociedad.
8. Reforzar la infraestructura de datos centralizada para el monitoreo, información y comunicación robusta, fidedigna y oportuna, con validez científica aplicada a la gestión del riesgo de desastres. Para ello se requiere diagnosticar e invertir en actuales y futuras redes de monitoreo y vigilancia, para proponer integración de vigilancia y comprensión de fenómenos desde un enfoque multiamenaza, consolidando la creación de una Red Nacional Integrada de Monitoreo Geocientífico y Ambiental.
9. Establecer un programa permanente de formación y sensibilización que contribuya a que las máximas autoridades y jefaturas de todos los servicios públicos consideren lineamientos de gestión del riesgo de desastres en sus respectivos organismos. Para ello, el trabajo con el Servicio Civil es clave para concientizar a las y los designados por Alta Dirección Pública en esta materia central para el desarrollo sostenible del país.
10. Fortalecer programas educativos y de formación ciudadana en todos los niveles, especialmente en comunidades escolares y organizaciones locales, así como en la formación universitaria de todos los profesionales para que el conocimiento, la memoria y la acción preventiva estén en el centro de la política pública en forma transversal.

Profesoras: Carmen Paz Castro Correa - Joselyn Arriagada González -  Natalia Silva Bustos - Ximena Póo Figueroa

Estudiantes del Magíster: Vanesa Bravo Rodríguez - Fernando Ferreiro Campbell - Catalina Riquelme Reyes - Nicolás Olivero Rojas - Ángela Soriano Hernández - Paz Toledo