Fragmento del artículo de la académica del Departamento de Urbanismo y del Instituto de la Vivienda (INVI), Prof. Mónica Bustos, publicado en la Revista ARQ, de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica.
Hay quienes dicen que no vieron venir el estallido social de 2019. Respecto a las actuales cifras en materia de vivienda, la historia parece repetirse. Casi sin que nos diéramos cuenta, se ha vuelto a instalar en el país el debate en torno al déficit habitacional como tema central de nuestra política de vivienda. Como un problema que creíamos venir resolviendo en los últimos años, el debate parecía haber girado hacia ámbitos como la calidad, la localización, el deterioro y la segregación urbana. Sin embargo, cuando recién comenzábamos a avanzar en estos nuevos desafíos, en un contexto de altos niveles de pobreza, el aumento de la inmigración y un alza desmesurada en el valor del arriendo o compra de una vivienda, lamentablemente, el déficit habitacional ha vuelto a aparecer con esa imagen de tragedia que tienen las emergencias humanas: personas en situación de calle, campamentos, tomas de terreno, precariedad, abuso, y un largo etc.
El concepto “déficit habitacional” se acuña por primera vez en Chile en la década de los cuarenta, en el marco de consolidación de la Caja de la Habitación. A partir de la medición del problema por medio de estadísticas y la planificación de metas de producción se busca definir prioridades objetivas sobre la situación del alojamiento en el país y sus localidades, creando diversos mecanismos para la construcción y acceso a la vivienda de interés público.
Posteriormente, como resultado de la intensa migración campo-ciudad, la masificación de las poblaciones callampas y tomas de terreno determinó la necesidad de realizar en 1952 el primer censo de población y vivienda, con el objetivo de cuantificar el problema y con ello definir soluciones a corto plazo. Si para entonces el concepto de déficit habitacional ya se había instalado como tema de interés político, es tan compleja la urgencia de dotar de alojamiento a la creciente población urbana con una respuesta eficiente y de gran escala que en 1953 se crea la Corporación de la Vivienda (CORVI), iniciando un período de planificación sistemática de la producción por medio de la formulación de planes de vivienda asociados a metas, nuevos instrumentos y el diseño de diversas tipologías de carácter público.
Otro momento en que el déficit habitacional vuelve a instalarse con fuerza es a principios de los noventa, cuando se evidencian los altos niveles de allegamiento, hacinamiento y complejas problemáticas sociales que habían quedado invisibilizados como resultado de la prohibición de todo tipo de ocupación informal establecida durante la dictadura. Frente al riesgo de una nueva aparición de las tomas de terreno de manera intensiva y desordenada (MacDonald, 2020), el Estado, a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), optó por continuar bajo el modelo subsidiario impuesto desde 1978, enfrentando el déficit exclusivamente por la vía cuantitativa, alcanzando una producción habitacional sin precedentes, pero completamente desvinculada de la planificación urbana.
En definitiva, determinado por contextos sociales críticos y recursos económicos acotados, la noción de déficit habitacional se posiciona en nuestro país durante el siglo XX como un tema de carácter público, cuantitativo y político que busca descomprimir la presión social asociada a la urgencia de vivienda por medio de una respuesta eficiente y de corto plazo (…)
(Leer artículo completo en: ARQ (Santiago) no.113 Santiago abr. 2023)
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