Este martes 14 de marzo, Techo Chile dio a conocer el Catastro Nacional de Campamentos 2022-2023, reporte que reveló que existen 1.290 campamentos distribuidos en todo el país, un 33,1% más que en 2020-2021, la mayoría de ellos ubicados en la zona norte. El documento advierte, además, una nueva alza de familias que viven en asentamientos informales, llegando a 113.887 hogares, 39,5% más que en el período anterior.
El alza del costo de la vida, el valor del suelo, los niveles de especulación, las mafias y la criminalización son algunas de las dificultades de acceso a la vivienda hoy. Es por esto que la geógrafa Yasna Contreras, académica del Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile especialista en migraciones y campamentos, afirma que este fenómeno responde a crisis mucho más profundas, que ya no responden exclusivamente a las consecuencias de la pandemia o las migraciones.
“A mí lo que más me preocupa es que muchos de ellos están ubicados en zonas aluvionales, donde no ha llovido durante diez años, pero hay registros históricos de aluviones con muertes. Me preocupa que la gente pueda morir”, advierte la profesora Contreras, quien fundó junto a un grupo de investigadoras “Vivienda Migrante”, donde reivindican el derecho a la vivienda y el suelo para familias con orígenes diversos.
- ¿Cómo ve la situación actual en el país?
Creo que estamos en una situación bien compleja. Primero, hay un aumento de campamentos que ya no responde exclusivamente a la crisis sanitaria y habitacional, sino que a crisis mucho más profundas, dentro de las cuales obviamente están todas las dificultades de acceso a la vivienda, el valor del suelo, los niveles de especulación en todo el país, en zonas urbanas y rurales. Lo que hace diez años era asequible, con el aumento de gastos de distinta naturaleza tú no logras pagar un arriendo, ni de una pieza, con menos del 40% de tu sueldo. Cuando destinas del 40 al 45% de tus ingresos familiares para vivienda, la cosa se vuelve mucho más compleja.
Dos, los niveles de especulación del suelo y del costo de la vivienda también son súper altos, entonces eso hace que exista menos oferta de vivienda a un valor que es súper competitivo para quienes realmente pueden pagarlo. Tercer punto, los niveles de urbanización y criminalización en torno al surgimiento de un campamento o una toma, que yo lo he visto profundamente en Quintero, en Arica, en Antofagasta, en Calama, es decir, hay una mafia, no creo que merezca otro nombre.
Hay grupos de mafias nacionales, internacionales, de distinta naturaleza, que se dieron cuenta que hay personas que no pueden acceder a la vivienda, que no pueden comprarse un terreno, y ellos se toman terrenos. Los venden criminalizando el espacio y vulnerando los derechos de las personas. Eso también está en el corazón del aumento de los campamentos. Imagínate, por ejemplo, hay campamentos en el borde costero de Arica, al lado de un humedal, que es una reserva natural de la biosfera. Esto no debería ser. Hay campamentos en Quintero de personas de ingresos medios que tienen casas de hormigón armado, casas bonitas. Algunas son segundas residencias, de veraneo, aunque el catastro de Techo muestra que para más del 60% de las personas es su primera residencia. Pero también hay otros casos de personas que están especulando. Hay personas que viven en un campamento, se van a una vivienda de interés social y dejan en arriendo la anterior. Entonces, en esto ya no solo está la explicación del mercado, tampoco los inmigrantes.
- La mayoría de las personas que viven en campamentos son mujeres y familias lideradas por ellas ¿Cómo has visto esta realidad?
Los campamentos son espacios de protección para muchas mujeres. Hay mujeres chilenas que viven en el campamento, que se divorciaron, por ejemplo, se separaron y no tienen otro ingreso. Hay otras mujeres también para las cuales el campamento significa un espacio de refugio frente a la violencia intrafamiliar. El campamento no es solo para algunos, no es solo el lugar que tú te tomas para reivindicar una lucha o decir que estás en contra del Estado. Existe una diversidad de familias, lideradas principalmente por mujeres jefas de hogar. Me encantaría que la ministra de la Mujer diera su opinión al respecto, porque los campamentos, lo que han mostrado los estudios de Techo en los últimos cinco años, es que están conformados por mujeres jefas de hogar.
Yo trabajo con varias de ellas en el norte. Son mujeres jefas de hogar, chilenas, peruanas, colombianas, dominicanas, haitianas, y trabajan y cumplen roles productivos. Muchas de ellas han sufrido violencia intrafamiliar, y deben radicarse en los asentamientos informales, donde existen mafias, microtráfico o espacios dentro de los campamentos donde ellas tampoco pueden ir. No es muy sano.
- Un ambiente violento y peligroso...
Hay una historia en América Latina de urbanización pirata que lleva más de 40 años. Entonces, los organizadores piratas, así como los contrabandistas, los coyotes, son marcas que están consolidadas ya en nuestro país y no hace dos años, ya hace como 10 años por lo menos. Por eso, digo que el tema del campamento abre un abanico de problemáticas que ponen en jaque a nosotros como Universidad Chile, para pensar la institucionalidad.
A mí lo que más me preocupa es que muchos de ellos están ubicados en zonas aluvionales, donde no ha llovido durante diez años, pero hay registros históricos de aluviones con muertes. Me preocupa que la gente pueda morir. Entonces, también insto a pensar qué hacemos si hay un terremoto, un tsunami, un aluvión y están los campamentos instalados ahí. Porque no es solo el campamento, tú afectas todo el sistema territorial porque hay campamentos que son de hormigón armado, o sea, robustos. Imagina que todo ese material se arrastre por la quebrada. Esto es lo más urgente de pensar.
Obviamente se requiere un límite, se requiere una regulación, pero también siento que hay que hacer una apelación distinta a cómo definimos la escala del riesgo de desastres y cómo podemos definir acciones para reducir el riesgo frente a lo que estamos hablando.
- ¿Cómo abordar este problema tan complejo?
Congregar a personas de distintas disciplinas que podemos apoyar, a los ministerios de Vivienda, Interior, Agricultura, de la Mujer, Medio Ambiente y Salud, y creo que hay que incorporar más a los gobiernos locales. Esto involucra cambios normativos que tomarán al menos cinco años más, pues hay que cambiar la Ley General de Urbanismo, Contribuciones... Hay que ver cómo la política nacional para la reducción del riesgo de desastres se materializa porque todavía es una política, todavía no se transforma en norma.
- ¿Y el rol de nuestra Universidad?
Seguimos trabajando estos temas muy monodisciplinarmente y ojalá hubiera un mandato de la Universidad para conformar un grupo con colegas de distintas disciplinas para que también, como Universidad, orientemos al Estado. Como lo que estamos haciendo con el Programa de Reducción de Riesgos y Desastres de la Universidad de Chile. Con las capacidades que tenemos en la Casa de Bello debemos pensar propuestas concretas a lo que ya todos nos dimos cuenta, los diagnósticos ya están hechos. Para que podamos, por lo menos desde la geografía, incidir más profundamente en las políticas públicas.
