En octubre del año 2021, el Pleno de la Convención Constitucional aprobó la propuesta para establecer que la nueva Constitución "se redacta en un contexto de emergencia climática y ecológica", declaración que implicaba, en la práctica, considerar la transversalidad del problema medioambiental en cada discusión y en todas las comisiones. Esto finalmente se reflejó en la gran cantidad de normas que se refieren de algún modo a este tema, al menos 50 de los 499 artículos del primer borrador de la nueva Constitución, de acuerdo a un análisis del Observatorio Constitucional Medio Ambiental.
El sentido de urgencia en este ámbito tiene estrecha relación con el cambio climático, uno de los fenómenos más complejos que enfrenta la humanidad y ante el cual nuestro país se ha mostrado especialmente vulnerable. Por esta razón, la propuesta de nueva Constitución no solo busca establecer modelos de gobernanza, sino también el futuro de los bienes comunes de la naturaleza. En esta línea, Beatriz Bustos, académica del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile, afirma que la Constitución propuesta “representa un avance para las condiciones que enfrentará el país en los próximos 50 años”.
El reconocimiento de los deberes del Estado en materia de reparación y protección ambiental y el establecimiento de límites y prioridades para el consumo de agua, minerales y suelos son algunos de los contenidos presentes en el borrador de la Carta Fundamental, propuestas que podrían traducirse en avances hacia una mejor relación con la naturaleza, destaca la profesora Bustos.
Un nuevo modelo de desarrollo
El cambio climático definirá las condiciones de la vida sobre la Tierra y uno de los desafíos de esta década es intensificar las medidas que permitan que el aumento de la temperatura global no aumente más de 1,5ºC. Por su geografía, Chile se encuentra entre los diez países más vulnerables a la amenaza del cambio climático, impacto que ya ha dejado huella con la sequía que afecta hace más de una década a la zona centro-sur del país.
Para Rodrigo Fuster, académico del Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables, el modelo de desarrollo de las últimas décadas se configuró “en base a nuestros recursos naturales renovables y no renovables. La fuerte orientación económica de este modelo se refleja, por ejemplo, en el caso del agua, donde su uso como un insumo dejó de lado los efectos sobre los ecosistemas y agotamiento de los ríos”.
En este sentido, de acuerdo a Beatriz Bustos, que la propuesta constitucional se reconozca como plurinacional y ecológica “debiese ayudar a cambiar el marco epistemológico desde donde nos relacionamos”, ya que reconoce a la naturaleza, los animales y las generaciones futuras como sujetos de derecho. Además, "establece principios del derecho ambiental y la responsabilidad del Estado para adoptar acciones de prevención, adaptación y mitigación”, agrega la académica.
La pérdida de suelos, la concentración de zonas de degradación ambiental, los efectos de la contaminación en la salud de las personas y en los ecosistemas, la deforestación, la pérdida de biomasa y biodiversidad son parte del legado ecológico del actual modelo de desarrollo. A juicio del profesor Fuster, si bien con el pasar de los años se fueron considerando elementos de la naturaleza y evidenciando las necesidades sociales como -por ejemplo- el derecho humano al agua y el saneamiento, “gran parte del territorio sufrió cambios tanto ecológicos como sociales producto de la transformación productivista”, señala.
En ese sentido, Bustos enfatiza que “toda acción humana tiene un impacto ambiental”. Por lo mismo, sostiene que “la única forma de evitarlos sería no realizar dichas acciones. La constitución propuesta no es un cambio radical pero sí un avance y actualización gigantesca de las actuales dinámicas de explotación de recursos naturales”, concluye.
