El documento se denomina "La Política Nacional Rural 2020: aportes para el proceso constituyente" y fue publicado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile (VID). Sus autoras son Beatriz Bustos, profesora asociada, del Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU), Yasna Contreras, profesora asociada, del Departamento de Geografía-FAU y Ximena Insunza, Profesora asistente, del Departamento Derecho Económico e investigadora del Centro de Derecho Ambiental, de la Facultad de Derecho.
El Policy Brief de 14 páginas, busca aportar a la reflexión de aquellos que estén interesados en participar en el proceso constituyente, indistintamente de la función que cumplan. Para las autoras es insoslayable abordar en este proceso el pacto territorial con miras a garantizar una relación más justa entre territorios urbanos y rurales.
“Mientras algunos sectores de las zonas urbanas concentran riqueza y actúan como fuerzas impulsoras de innovación y crecimiento, las zonas y comunidades rurales quedan relegadas y tienden a ser tratadas cómo agentes y actores pasivos y residuales. Ante ese escenario nos cuestionamos ¿cuál es el lugar de las áreas rurales en las próximas décadas? En este policy brief proponemos una respuesta que puede alimentar la discusión constituyente a fin de abrir la conversación a nuevas comprensiones del pacto territorial que debiese estar en el nuevo texto fundamental”, puntualizaron las académicas en la reseña del documento.
En una entrevista escrita sostenida con las autoras, respondieron de manera consensuadas a nuestras preguntas:
¿Cuál es el principal problema que presenta la Política Nacional Rural 2020?
Si bien la política es un avance, ya que por primera vez el Estado reconoce la especificidad de los territorios rurales y por ende, la necesidad de una política específica para ellos, mantiene una mirada productivista que entiende a estos territorios como espacios de producción, y no como espacios vividos y reproductivos. Un segundo problema de la política es que deja su conducción a una entidad de coordinación a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, lo que significa que automáticamente se vincule a temas urbanos, poniendo en riesgo su viabilidad e identidad. De igual forma, la política no tiene recursos asociados, subsistiendo de esta forma dudas sobre la real distribución de poder en aquellas instituciones, ministerios u otros órganos vinculados al mundo rural.
¿Cuál es el principal desafío que debemos enfrentar para el mundo rural?
El reconocer la pluralidad de realidades y ruralidades. En estos espacios conviven diferentes etnias, paisajes, actividades económicas, sin embargo, el Estado los trata como un todo. En consecuencia, el desafío es avanzar hacia una independencia y autonomía territorial que articule la especificidad de las ruralidades con los desafíos país, teniendo presente la relación que se establecen con territorios urbanos. Nuestra apuesta radica también, en comprender la relación con el mundo urbano y con otras realidades territoriales que se producen entre ambos espacios. Apostamos por romper con la dicotomía 'mundo rural v/s mundo urbano".
¿ Cómo se puede aportar desde una Nueva Constitución a esta situación?
El momento constituyente es una oportunidad única para garantizar la igualdad de trato tanto de los habitantes de territorios rurales como urbanos, mediante una estructura y organización del Estado que distribuya el poder efectivamente, estableciendo mecanismos de participación deliberativa de quienes conforman los territorios. Asimismo, esta nueva carta fundamental debe reconocer la plurinacionalidad y establecer obligaciones que den aplicación a los principios de justicia ambiental, equidad interregional y sustentabilidad.
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