De acuerdo al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, la determinación de expropiar 110 de las 215 hectáreas que son parte de la toma en el cerro Centinela, se produjo luego de un frustrado intento por negociar con los dueños del terreno —quienes habrían sugerido precios por sobre las tasaciones—. Además, se realizará teniendo en cuenta el “problema humano”. Cabe destacar que de las 10 mil personas en la toma, tres mil son niños y niñas.
Estas justificaciones, sin embargo, no convencieron a la oposición. Un grupo de diputados de Renovación Nacional presentó un recurso en Contraloría, para consultar sobre la legalidad de expropiar un terreno que fue objeto de usurpación y cuyo desalojo se ordenó vía judicial.
Megatoma de San Antonio. Foto: Aton.
Lo que se plantea, también, es que se estarían avalando delitos y que las familias de la toma se habrían “saltado la fila”.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Casa de Bello, Yasna Contreras, destacó que la expropiación se trata de un “avance estratégico, para intentar resolver un problema humanitario”.
Sin embargo, la experta hizo un llamado a no dejar de lado los problemas de fondo que evidencia la toma de San Antonio, como la especulación con el valor del suelo, o las dificultades que ha tenido el Estado para aprovechar terrenos que son de su propiedad y que eventualmente podrían ser utilizados para enfrentar la crisis habitacional.
“De alguna manera, la situación de San Antonio devela para mí todos los desacoples que hay. Primero, agentes privados que quieren especular y quieren ganar. Es decir, prima la ganancia, la especulación, por sobre una construcción de una política habitacional que sea un poco más justa, donde actores públicos y privados se hagan copartícipes”, detalló.
“En segundo lugar, está la política reactiva habitacional. Por un lado, me parece claro, certero, que se atienda una de las tomas más grandes, donde hay muchos niños, pero por otro lado, aquí tú ves las múltiples crisis. La crisis de entender que la vivienda no es solo un problema del Ministerio de Vivienda, es un problema que tiene que preocuparle, por ejemplo, al Ministerio de Bienes Nacionales, que para mí también ha sido un actor super ausente. Tenemos a un único ministro, que es el ministro Carlos Montes, preocupado de un problema que trasciende a Vivienda”, comentó.
Ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Andres Pina/Aton Chile.
En esa línea, Contreras sostuvo que el secretario de Estado, “está intentando hacer lo más ético y lo más correcto, en una situación que es familiar y personal y que devela la superposición de todas las crisis, de las que todos hablamos: la crisis migratoria y también la crisis económica, de las familias que se han ido empobreciendo”.
La especialista en desarrollo urbano además respondió a quienes atribuyen un aumento de la criminalidad en la zona o sostienen que las familias estarían siendo favorecidas injustamente. Contreras instó a esas voces a reflexionar sobre su propio rol en la crisis habitacional y recordó las razones que llevaron a las personas a asentarse en la toma.
“Efectivamente, en San Antonio, como en todas las tomas, hay un porcentaje menor de gente que criminaliza, gente que se aprovechó, pero el universo mayor te está hablando que es un país que se ha ido empobreciendo, que espera mucho por la vivienda o que, más simple: no se puede comprar una vivienda, no puede arrendar una vivienda o justamente, muchas familias tampoco quieren vivir de allegado o no quieren vivir en una pieza pagando precios que son usureros. Yo les diría a ellos que se pregunten qué tan responsables son de la mercantilización de la vivienda y del encarecimiento del valor del suelo”, instó.
La académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Yasna Contreras.
Los desafíos para la próxima administración
Requerida sobre los desafíos en materia de vivienda que el Estado debería enfrentar en el futuro próximo, la académica de la Universidad de Chile sumó otros asuntos, como la regulación en los valores del arriendo. A su juicio, “hay que intentar despolitizar el tema de las tomas y los campamentos, y hay que pensarlo con una mesa técnica”.
“Si bien, el mismo ministro Montes armó esto, ha sido insuficiente y no desde el compromiso que tenía el Estado, sino que ha sido más insuficiente desde el rol que ha tenido la Cámara Chilena de la Construcción, los propietarios y los privados”, observó.
Para Contreras, es crucial “que el próximo Presidenta o Presidente de la República se tome esto no con una idea de seguir estigmatizando a los campamentos, sino más bien entenderlo como un problema habitacional y territorial complejo”.
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