En el auditorio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad de Chile se realizó el seminario “Integrando aprendizajes internacionales para construir mejores puentes entre ciencia y política”, instancia organizada por la Red de Pobreza Energética (RedPE), con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID) y el Fondo de Internacionalización de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo.
El encuentro reunió a académicos, estudiantes, representantes del sector público y privado, y organizaciones de la sociedad civil, en una jornada que buscó fortalecer los vínculos entre investigación y toma de decisiones en torno a la pobreza energética, tanto en Chile como a nivel regional y global.
“Superar la pobreza energética en nuestro país requiere vínculos intersectoriales que integren el trabajo de la academia con el sector público”, destacó Alejandra Cortés, Directora de la Red de Pobreza Energética y académica de la FAU, durante la apertura del seminario.
Diez años construyendo puentes entre ciencia y política
La directora de Innovación de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, Dra. Anahí Urquiza, subrayó la relevancia del trabajo sostenido de la red, que cumple cerca de diez años articulando conocimiento científico, técnico y social para enfrentar las desigualdades energéticas.
“Estos diez años han sido un proceso de aprendizaje colectivo. La Red ha mostrado que la transición energética no es solo un desafío técnico, sino también político y ético”, señaló Urquiza. “Gracias a esta colaboración aprendimos lo que significa ser una interfaz entre ciencia y política: construir confianza, trabajar con otros y generar un lenguaje común para avanzar en justicia energética”, añadió.
La académica enfatizó que la pobreza energética se ha consolidado como un concepto con fuerte contenido social y ético: “Hoy, más que un concepto técnico, la pobreza energética es una noción política y moral, porque pone en el centro las desigualdades estructurales que afectan la vida de las personas”.
Perspectiva desde el sector público
En representación del Ministerio de Energía, Pablo Weber, jefe de la Unidad de Acceso y Mejoramiento Eléctrico de la División de Acceso y Desarrollo Social, destacó el avance institucional en la medición y abordaje de la pobreza energética en Chile.
“Desde los años noventa, cuando Chile impulsó el programa de electrificación rural, hemos transitado desde el acceso básico hacia una mirada integral de la pobreza energética”, explicó Weber. El representante ministerial detalló que el país cuenta con una definición de pobreza energética centrada en el hogar, que considera cuatro dimensiones: habitabilidad, acceso, calidad del suministro y asequibilidad.
“El desafío ahora es identificar con precisión a los hogares vulnerables y diseñar políticas públicas que aborden esas brechas. Este seminario es una oportunidad para aprender de otras experiencias y fortalecer nuestras herramientas”, agregó.
Colaboración transdisciplinaria y nuevos desafíos
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Durante su intervención, la Prof. Alejandra Cortés recalcó que la Red de Pobreza Energética es una plataforma transdisciplinaria que reúne universidades, ministerios, organismos internacionales y sociedad civil en la búsqueda de soluciones justas y sostenibles.
“El estudio de la pobreza energética nos permite visibilizar una dimensión de la desigualdad que antes no estaba en la agenda pública. Su complejidad exige miradas diversas y una colaboración real entre sectores”, señaló.
La académica adelantó que la red está trabajando en una nueva página web que funcionará como repositorio de información y espacio de articulación entre la academia y el sector público, además de la sistematización de los resultados de tres workshops intersectoriales realizados este año con seis instituciones públicas: Ministerio de Energía, Vivienda, Salud, Medio Ambiente, Desarrollo Social y la Agencia de Sostenibilidad Energética.
Finalmente, la investigadora valoró el carácter internacional del seminario, que contó con la participación de expertas y expertos de la Universidad de Birmingham (Reino Unido), RMIT University (Australia) y la Universidad Autónoma de Madrid (España).
“Esta es una red que nació en Chile, pero que hoy dialoga con el mundo. Aprendemos de otras experiencias y aportamos desde el sur global una mirada de justicia y equidad energética”, concluyó Cortés.
Fortalecer los vínculos entre ciencia y política en la lucha contra la pobreza energética
Desde el Reino Unido, la investigadora Dra. Rosie Day, de la Universidad de Birmingham, expuso sobre los principales aprendizajes obtenidos en más de quince años de investigación en ciencias sociales y políticas energéticas.
La académica conectada de manera remota desde el Reino Unido, reflexionó sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan los científicos al intentar incidir en la formulación de políticas públicas. Subrayó que, para lograr un impacto real, es necesario planificar desde el inicio de los proyectos cómo se buscará influir en la política pública, identificando a los actores relevantes y comprendiendo sus prioridades.
“Para influir en la política, es fundamental pensar en ello desde el comienzo. No basta con producir conocimiento; hay que trazar una ruta clara de impacto, identificar a los actores con poder de decisión y construir relaciones de confianza”, sostuvo Rosie Day.
Durante su intervención, la investigadora explicó las diversas formas en que el mundo académico puede contribuir a dicho proceso: desde la definición de problemas y la entrega de evidencia científica, hasta la evaluación y ajuste de programas gubernamentales. En este sentido, destacó el valor de la colaboración entre universidades y autoridades locales, así como el rol de las organizaciones intermedias —como ONG, consultoras y think tanks— en la traducción del conocimiento científico hacia el ámbito político.
“Los académicos debemos aprender a comunicarnos con los tomadores de decisión en su propio lenguaje: con mensajes breves, claros y relevantes. Las políticas requieren respuestas concretas y en tiempos rápidos, mientras que la academia se mueve con mayor lentitud”, explicó.
La Dra. Day también abordó las tensiones inherentes entre los objetivos académicos y las demandas del sector público. “Mientras los investigadores buscamos generar nuevo conocimiento y reflexionar críticamente, los responsables de políticas públicas necesitan soluciones inmediatas”, señaló, enfatizando la importancia de mantener la independencia crítica de la investigación.
En su presentación, la investigadora mostró ejemplos de experiencias en el Reino Unido, como proyectos de evaluación de estrategias locales de eficiencia energética y programas de “barrios carbono neutro”, donde la colaboración entre municipios, universidades y comunidades ha permitido avanzar hacia una transición energética más justa e inclusiva.
Reconocer para transformar
Por su parte, el investigador español Sergio Tirado, profesor del Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid, presentó su ponencia “Reconocer para transformar: indicadores y políticas de pobreza energética en España (2009–2025)”, donde analizó los avances, limitaciones y aprendizajes de más de una década de políticas públicas en la materia. Tirado destacó que la pobreza energética es un problema estructural y persistente, cuya reducción requiere más que la existencia de marcos normativos. “No es suficiente tener una política estructurada de pobreza energética para lograr que las tasas vayan en la dirección adecuada”, advirtió.
El académico explicó que, pese a la creación del bono social eléctrico en 2009 y la Estrategia Nacional de Pobreza Energética 2019–2024, los indicadores no han mejorado de manera significativa. Factores como la desigualdad en la renta, la ineficiencia energética de las viviendas, la complejidad de los contratos eléctricos y las crisis recientes —la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania— han profundizado la vulnerabilidad de miles de hogares.
“España tiene unas tasas bastante elevadas de pobreza energética. La crisis de precios de la energía y la inflación generalizada tras la pandemia empeoraron la situación, incluso más que en los años duros de la crisis financiera de 2008”, señaló.
Uno de los ejes centrales de su análisis fue el bono social eléctrico, medida emblemática de apoyo directo a consumidores vulnerables, que contempla descuentos de hasta 50% en la factura eléctrica. Sin embargo, su alcance es limitado. “Sólo dos o tres de cada diez hogares que cumplen los requisitos acceden efectivamente al bono social”, explicó.
Tirado comparó la experiencia española con el caso de Portugal, donde la ayuda energética se otorga de manera automática gracias al cruce de datos administrativos. “En Portugal, la automatización del bono social fue determinante. El número de beneficiarios se disparó y las tasas de pobreza energética disminuyeron de forma sostenida”, indicó.
Tirado subrayó la importancia de garantizar el suministro básico a los hogares vulnerables, independiente de su capacidad de pago. En ese sentido, valoró la Ley 24/2015 de Cataluña, que protege a las familias en riesgo de exclusión residencial frente a los cortes de electricidad, gas y agua.
Respecto al borrador de la nueva Estrategia Nacional de Pobreza Energética 2026–2030, actualmente en consulta pública, Tirado valoró su continuidad institucional, aunque observó retrocesos en aspectos clave ya que “no contempla la automatización del bono social ni medidas estructurales para garantizar el suministro en casos de impago”, señaló.
Finalmente, el académico hizo un llamado a abordar la pobreza energética desde una perspectiva integral, combinando medidas paliativas con transformaciones estructurales y considerando la energía como un derecho esencial. “La pobreza energética persiste porque es un problema estructural. Necesitamos avanzar hacia una garantía de suministro con independencia de la capacidad de pago de las familias”, concluyó.
Políticas basadas en evidencia para combatir la pobreza energética
La académica Nicola Willand, profesora asociada en la Universidad RMIT de Melbourne (Australia), presentó la ponencia “Elaboración de políticas basadas en evidencia: reflexiones y lecciones desde la investigación sobre pobreza energética en Australia”.
Especialista en vivienda, energía, equidad y salud, Willand ha desarrollado investigaciones que exploran cómo la calidad de las viviendas, las prácticas domésticas y los factores estructurales y ambientales determinan las condiciones energéticas y el bienestar de los hogares. Desde un enfoque interdisciplinario, promueve la colaboración entre academia, gobierno y sociedad civil para desarrollar soluciones sostenibles y justas.
“Mi trabajo busca conectar la evidencia científica con la política pública, garantizando que las investigaciones no solo generen conocimiento académico, sino que también sean útiles y accesibles para quienes diseñan e implementan políticas”, señaló Willand.
Willand advirtió que los hogares arrendatarios son desproporcionadamente más vulnerables, y que la falta de eficiencia energética en las viviendas agrava las desigualdades.
“Australia construye casas grandes, ineficientes y con altos costos de calefacción y refrigeración. Esto genera un impacto económico y sanitario considerable, sobre todo entre los hogares de menores ingresos”, afirmó.
La investigadora recordó algunos fracasos de políticas públicas impulsadas sin respaldo técnico, como los programas de aislamiento térmico de 2009. “El apuro político por estimular la economía superó cualquier enfoque basado en evidencia. Hubo errores graves en la implementación, accidentes laborales y pérdida de confianza ciudadana. Desde entonces, ningún gobierno se atrevió a impulsar un plan nacional de aislamiento”, relató.
A partir de esa experiencia, Willand reflexionó sobre la importancia de la investigación aplicada y coproducida entre la academia y las instituciones públicas. “El conocimiento debe construirse en conjunto con quienes toman decisiones y con las comunidades afectadas. No basta con publicar artículos: debemos dialogar, traducir la evidencia y ofrecer alternativas realistas”, destacó.
La académica expuso además ejemplos de proyectos de colaboración, como los estudios de eficiencia energética en hogares vulnerables y el ensayo “Healthy Homes”, que demostró beneficios sanitarios y económicos significativos tras mejoras térmicas en viviendas de adultos mayores. Sin embargo, lamentó que “a pesar de los resultados positivos, no se destinaron recursos para continuar o ampliar los programas”.
“El desafío no está solo en generar evidencia, sino en mantenerla viva dentro del ciclo político. La investigación puede mostrar los beneficios de intervenir, pero la toma de decisiones responde a tiempos electorales, presupuestos limitados y prioridades cambiantes”, explicó.
Willand también enfatizó la necesidad de incluir las dimensiones sociales y de género en las políticas de energía y vivienda. En uno de sus estudios, identificó cómo las mujeres enfrentan mayores barreras para realizar mejoras en sus hogares o acceder a programas de eficiencia. “Las políticas energéticas suelen ser ciegas al género. Necesitamos enfoques más sensibles que reconozcan las distintas realidades de los hogares”, sostuvo.
Para fortalecer los vínculos entre ciencia y política, Willand destacó la labor de organismos como Energy Consumers Australia, que financian investigaciones, promueven la participación ciudadana y apoyan intervenciones piloto. “Son espacios de mediación muy valiosos, porque conectan a los investigadores con los responsables de políticas y con la sociedad civil”, dijo.
Willand concluyó su presentación invitando a los investigadores y responsables de políticas a trabajar de manera conjunta, sostenida y transnacional, aprendiendo de los errores y éxitos de distintos países.
“La pobreza energética no se resuelve desde un solo sector ni desde un país aislado. Necesitamos puentes sólidos entre la evidencia científica, la acción política y la experiencia ciudadana”, finalizó.
En el último bloque del Seminario Internacional se dio lugar a las preguntas del público tanto de manera presencial como virtual.
Revisa aquí el Seminario Completo
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