Esta efeméride fue proclamada por la ONU en 1989 para poner en valor la importancia de minimizar el riesgo de desastres, subrayando la vulnerabilidad como causa de fondo. La inequidad y la reproducción del ciclo de pobreza agrava la exposición al riesgo.
Con esta mirada, los acuerdos posteriores, en particular la Conferencia Mundial celebrada en 2015 en Sendai, Japón, establecieron un enfoque integral para reducir el riesgo de desastres (RRD) y mejorar la resiliencia. Desde ese marco, el Estado de Chile ha trabajado intensamente para generar estructuras y políticas multiescalares -gobierno central, regional, municipal y comunidades- conformando una gestión orgánica a la reducción de riesgos de desastres.
¿Cuál es el rol que cumplen los gobiernos locales, regionales ante los riesgos de desastres?
La nueva ley que forma el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) otorga una especial responsabilidad a los gobiernos locales en las distintas fases de la gestión del riesgo como lo es la prevención, mitigación e incluso de respuesta. Los desastres se viven a nivel local, por lo que se debe prevenir a nivel local y se debe participar en los procesos de recuperación también a ese nivel. Los gobiernos locales deben favorecer la gestión de planes de reducción de riesgos y de emergencias que estén orientados según las nuevas consideraciones de lo que es el riesgo de desastres: un sistema complejo, sistémico, en el que todas las disciplinas deben integrarse y comprometerse.
También se debe considerar el análisis de las causas de fondo de la generación del riesgo a escala local, que nosotros llamamos los factores subyacentes del riesgo. Estos están asociados a la construcción de condiciones de vulnerabilidad en el territorio, asociadas a incremento de la pobreza, a la falta de educación, a grupos marginados, informalidad y muchas otras, que son la real causa del impacto que tienen los eventos de la naturaleza y los eventos antrópicos en la conformación de un desastre.
¿Cuáles son las nuevas obligaciones que deben cumplir los municipios?
Todos los niveles implicados deben estar coordinados en las distintas fases de la gestión del riesgo: prevención, mitigación, manejo de la emergencia y recuperación. Los gobiernos comunales, provinciales y regionales tienen que seguir los lineamientos de la política y estrategia nacional y sobre todo tienen la responsabilidad de generar planes de reducción de riesgos que contemple el análisis de las amenazas, vulnerabilidades y exposición, además de generar estrategias, estructurales y no estructurales factibles, con presupuestos, actividades y plazos. Por ejemplo, en términos estructurales un municipio puede gestionar proyectos de control de inundaciones a través de gaviones, canalizaciones, etc. En tanto, las medidas no estructurales son -por ejemplo- la creación de una dirección de gestión del riesgo que antes no existía como específica y exclusiva, con personal capacitado. También implica capacitar a la comunidad y generar espacios de participación ciudadana, otorgando a la población un rol de responsabilidad en la toma de decisiones.
¿En esa línea, cuál es el rol de la comunidad en esta estrategia?
La comunidad no puede ser un ente pasivo ya que conoce los problemas, sabe dónde se inunda la comuna, dónde hay instalaciones peligrosas y también dónde están las instalaciones críticas, estratégicas que debemos proteger. Es muy importante que se consideren esos saberes locales y también, si es el caso, los saberes ancestrales como parte del conocimiento de los factores del riesgo. La participación ciudadana a través de las organizaciones civiles es fundamental por lo que se deben fortalecer mejorando la gobernanza local.
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En esta materia, los marcos internacionales que tenemos sobre el riesgo de desastres destacan la necesidad de realizar un trabajo de abajo hacia arriba, donde las personas estén en el centro y son también responsables de la gestión del riesgo, apartándose de visiones subsidiarias y paternalistas y empoderando a la comunidad que constituye finalmente, la primera línea durante una emergencia. La relevancia de la autoprotección y el trabajo colaborativo para reducir el riesgo constituye un cambio de paradigma muy importante.
En el marco de estas elecciones y en esta materia, ¿en qué debemos centrar nuestra mirada con las y los candidatos?
Si bien existe una obligatoriedad de realizar planes de reducción de riesgos comunales, lamentablemente a la fecha se ha avanzado poco. Por ejemplo, en toda la Región Metropolitana, de las 52 comunas, sólo está terminado el de La Reina. Hay que preocuparse de la importancia que le dan los candidatos a este tema, ver sus programas, hacer las consultas para saber si se van a crear las direcciones de gestión de riesgos, si se van a realizar los planes de emergencia ya que es un tema especialmente urgente en el escenario de cambio y variabilidad climática en que nos encontramos.
¿Cómo está Chile en materia de prevención y preparación ante los desastres?
A pesar de que la bajada a nivel local es lenta, Chile se ha destacado en la implementación de los tratados internacionales, en particular del Marco de Acción de Hyogo y el Marco de Sendai. Se ha creado la Política Nacional de RRD, la Estrategia Nacional, la nueva Ley 21.364 que crea el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) y el Servicio Nacional (SENAPRED) que reemplazó a ONEMI, entre otros mejoramientos. A nivel teórico se ha avanzado bastante también, todo ello en respuesta a que Chile corresponde a un país sujeto a múltiples amenazas lo que nos ha obligado a avanzar con rapidez. El problema es que actualmente estamos sometidos a eventos de una magnitud que no nos imaginábamos en los que las acciones de prevención y de respuesta son extremadamente complejas, como los mega incendios, las inundaciones, las remociones en masa. Debemos ahora avanzar con urgencia en el conocimiento de estos escenarios de riesgo a través de un trabajo colaborativo entre la academia y las instituciones públicas y privadas para evitar futuros desastres.
Estamos por comenzar una nueva temporada de incendios y eso nos debe hacer reflexionar sobre la urgencia de la adaptación y transformación de los factores del riesgo para evitar así el grave impacto y sufrimiento que implica para las comunidades expuestas.
