El proceso constituyente que empezamos como sociedad en octubre de 2019 ha sido un momento de mirar las grietas que el pacto neoliberal generó y profundizó en la sociedad chilena. Esta columna propone una reflexión sobre los tipos de ciudadanía que están en discusión: por una parte están las ciudadanías del siglo XX, representadas tanto por el ciudadano industrial (obrero, masculino y organizado en sindicatos o partidos políticos), que dominó gran parte del siglo XX, bajo la promesa de una sociedad de consumo y la provisión de bienestar social por parte del Estado, como por el ciudadano neoliberal, que emergió del Chile post-dictadura, caracterizado como el ciudadano credit-card, pero también por un desapego y malestar hacia las instituciones tradicionales, un sentido de soledad y desamparo ante el porvenir. Por otra parte está la ciudadanía ecológica que se propone como la más adecuada para la sociedad futura que emerge post pandemia y post estallido.
Desde 2006, las organizaciones estudiantiles y secundarias, que han liderado la movilización social, tienden a organizarse de manera horizontal y asamblear, desarmando las lógicas partidistas de organización política y tendiendo a un alto fraccionamiento, el que ha llevado, por una parte a la creación de nuevos partidos y movimientos políticos, que algunos consideraron en su momento parte de la renovación de la política, pero también, dada su desconfianza en la institucionalidad, a la desintegración de las mismas instituciones que les dieron espacio. Estos fenómenos nos hacen pensar entonces que están emergiendo nuevas prácticas y racionalidades detrás del configurarse como sujetos políticos, y este es un punto central al momento de redefinir el nuevo pacto social que la sociedad chilena propondrá para los próximos cincuenta años.
Tradicionalmente, entendemos la ciudadanía como el conjunto de derechos y deberes que los sujetos habitantes de un territorio adquieren ante un Estado. El contenido de dichos deberes y derechos, así como el universo de sujetos que los detentan, ha sido el eje central de la lucha política del siglo XX, donde de una comprensión mínima de derechos (a la vida, libertad, voto) pasamos a una comprensión expansiva (seguridad social, educación, salud, vivienda, etc.); de hombres con fortuna a toda persona nacida en el territorio nacional mayor de 18 años, y extranjeros con al menos 5 años de residencia definitiva.
La ciudadanía neoliberal modificó la comprensión del quién y el dónde se obtenían y entregaban dichos derechos, bajo las lógicas de la focalización y privatización, generando una brecha profunda en el sentido de igualdad y pertenencia a la sociedad chilena. La incapacidad del actual gobierno de proponer políticas de asistencia universal ante los efectos económicos de la pandemia es una muestra de la incapacidad del Estado de entender a los ciudadanos como iguales, y ha visibilizado categorías, y lógicas de “merecer”, “necesitar” e incluso “deber” en las relaciones que el Estado genera con sus ciudadanos. Por otro lado, en círculos académicos y activistas, el debate actual de ciudadanía ha incorporado consideraciones sobre identidad, migración y derechos de la naturaleza, pero se mantienen en compartimentos estancos entre sí y la ciudadanía que los representa.
Tradicionalmente, entendemos la ciudadanía como el conjunto de derechos y deberes que los sujetos habitantes de un territorio adquieren ante un Estado.
Esta columna quiere abrir el debate hacia preguntas de futuro. La complejidad de los temas que deberemos enfrentar invita a una mirada amplia y creativa de las ideas de ciudadanía, particularmente por los desafíos que los temas ambientales globales y nacionales han introducido a los debates sobre quienes se ven afectados, quienes son responsables y cuándo debemos hacernos cargo.
En ese sentido, varios autores han propuesto ideas sobre ciudadanía ambiental o ecológica, pero, para aclarar concepto, nos interesa partir de la distinción que realiza Andrew Dobson (Ciudadanía ecológica, 2005), quien distingue a la primera, como de origen liberal centrada en derechos, mientras la segunda se concentra en los deberes y opera en “el lenguaje de la virtud”, es decir, desde la óptica del cuidado y la compasión. Para Dobson, ambas son complementarias, pero es la ciudadanía ecológica la que abre la oportunidad de ampliar el sentido y prácticas de ciudadanía más allá de la lógica republicana. Un elemento crucial en el cruce de ambas se encuentra en la territorialización de su práctica: dónde se ejerce y por quienes puede ser ejercida. Por ejemplo, compatibilizar las cosmovisiones de comunidades indígenas que proponen un lenguaje de derechos y deberes para con la naturaleza, con las de organizaciones no gubernamentales internacionales que intentan incidir en decisiones sobre ecosistemas periféricos amenazados, o comunidades forzadas a migrar por la emergencia climática, desplazados hacia otros territorios, perdiendo sus derechos como ciudadanos, con consecuencias humanas y políticas graves.
Así, la discusión constituyente deberá transitar por estas nuevas formas de ejercer ciudadanía, reinterpretando derechos, deberes y sujetos de ambos. Mientras la Ecología como ciencia preocupada de los ecosistemas nos propone la idea de huella ecológica, para medir la interacción sociedad-naturaleza, las demandas prioritarias de la sociedad chilena se han expresado en términos de dignidad, respeto y justicia. Nosotros proponemos que el concepto de ciudadanía ecológica es el que mejor captura dichas demandas y abre la oportunidad a un nuevo trato entre los habitantes humanos y no humanos de esta larga y angosta franja de tierra, mar y vida.
La discusión constituyente deberá transitar por estas nuevas formas de ejercer ciudadanía, reinterpretando derechos, deberes y sujetos de ambos.
*Beatriz Bustos tiene un Phd en Geografía de la Universidad de Syracuse, además de un Master en Administración Pública. Es profesora asociada en el Departamento de Geografía de la Universidad de Chile. Integra la Red de Investigadores en Ecología Política (RIEP).
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