Reciente aprobación de la Política Nacional para la RRD:

“Un trabajo inter y transdisciplinario para atender los requerimientos de la sociedad ante los riesgos de desastres en Chile”

La Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres obedece a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado de Chile a partir de su adhesión al Marco de Sendai en 2015. Asimismo, el terremoto del 27 de febrero de 2010, planteó al país la necesidad urgente de contar con una gestión integral incorporando las experiencias y estándares internacionales.

Uno de los mayores retos de la elaboración de esta política fue su articulación con los compromisos internacionales. La adhesión al Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) significa cumplir 7 Metas Globales. La política recientemente oficializada se enmarca dentro de la Meta Global E: Incrementar considerablemente el número de países que cuentan con estrategias de RRD para el año 2020 y debió ser trabajada a partir a 7 enfoques transversales (Derechos, Desarrollo Humano, RRD, Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas, Participación, Inclusión y Género) y 6 principios rectores (Prevención, Sostenibilidad, Corresponsabilidad, Equidad, Seguridad y Coordinación).

El Dr. Juan Pablo Sarmiento, Director Asociado de Investigación en el Instituto de Eventos Extremos de Florida International University y Director del Programa de Resiliencia en las Américas, (USAID / OFDA), destacó este logro siendo uno de las pocas naciones del continente que ha logrado la elaboración de una política de estas características. 

“Un país como Chile que ostenta un liderazgo en el panorama Latinoamericano gracias a un sólido y mantenido desarrollo económico, presenta un nivel importante de riesgo de desastre, debido a una alta exposición tanto a amenazas de origen natural como de origen antrópico. Ante esta realidad se plantea un ambicioso marco de acción para la gestión integral de riesgo. Esta política se articula con cinco acuerdos internacionales: el marco de Sendai, el acuerdo de París, y las agendas de desarrollo sostenible, humanitaria y urbana. Son muy pocos los países de Latinoamérica que han logrado integrar estas agendas en una política nacional. Al interior del país resalta el proceso de consulta llevado a cabo, incluyendo a la totalidad del nivel ministerial”. 

Logro que también es relevado por Natalia Silva, encargada de la Plataforma Nacional RRD y Jefa del Departamento de Gestión del Sistema Nacional de Protección Civil de ONEMI, organismo que ha sido el principal artífice de la articulación de esta política, así como de sus contenidos.

"Sin duda como ONEMI recibimos la noticia con mucha alegría, esperanza y orgullo, pues reconocemos y valoramos el arduo trabajo participativo que implicó su formulación a partir del año 2017 al alero de la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, mecanismo de gobernanza que ha sido reconocido internacionalmente por la efectividad en términos de formulación y desarrollo de políticas afines. Para nosotros representa un desafío multisectorial y transdisciplinario, pues pone el foco en la importancia de comprender el riesgo y su interacción con otros enfoques tributarios al desarrollo sostenible, planificar e invertir considerando la RRD, avanzar hacia procesos de recuperación post desastres sostenibles, y todo ello de la mano de un gradual y sostenido fortalecimiento de la gobernanza para la RRD en el país”, afirmó Silva.

Por su parte, Carmen Paz Castro, geógrafa y vicedecana de la Facultad de Arquitectura y urbanismo (FAU), participante activa desde los orígenes en la Plataforma y miembro titular como una de las representantes de la U. de Chile, valoró la aprobación de esta Política y declaró que “esta nueva mirada permitirá evitar el repetir errores del pasado, cuando nos encontrábamos atrapados en un ciclo del riesgo, realizando sólo ajustes específicos a un sistema muy frágil, sin lograr reducir el impacto de los desastres. La experiencia ha demostrado que es necesario más conocimiento de las condicionantes del riesgo y  de las individualidades y las diferentes escalas territoriales que deben ser consideradas en su gestión. Esta Política servirá de lineamiento estratégico para todos los programas y acciones que se realicen en Chile al 2030, desde las distintas instituciones y actores, quedando muy en claro la necesidad de un abordaje transversal y holístico para la reducción del riesgo de desastres, así como de un enfoque preventivo y prospectivo”. 

Desde la perspectiva jurídica, Daniela Ejsmentewicz, abogada, académica y Coordinadora de Docencia en Temáticas de Gestión de Riesgos de Desastres del Programa de Reducción de Riesgos y Desastres de la Universidad de Chile (CITRID) “esta Política es sumamente importante ya que da lineamientos actualizados de cómo debe funcionar el Sistema Nacional ante riesgos de desastres y cómo se debe hacer reducción de riesgo de desastres en Chile. De cierta manera, suple a nivel reglamentario las lagunas e insuficiencias que tiene la ley y, pese a su baja jerarquía normativa, es seriamente considerada por los servicios públicos encargados de la gestión de riesgos y hasta por los tribunales de justicia en los casos donde se ha analizado la responsabilidad del Fisco en estas materias. La Contraloría General de la República también la considera al momento de evaluar el trabajo de diversos servicios o Ministerios”.

Una política participativa, inter y transdisciplinaria 

El desafío de la construcción de una política robusta y de largo plazo (2020-2030), implicó el esfuerzo colectivo de profesionales de diversos organismos públicos, sociedad civil organizada, academia y agencias del Sistema de Naciones Unidas en Chile, todos ellos integrantes de la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, encargada de elaborar esta política. La FAU y CITRID son miembros fundadores de esta plataforma.

“La formulación de esta política es el resultado del trabajo de la Plataforma Nacional para la RDD, donde participan activamente miembros de la Universidad, en general, y de CITRID en particular, quienes han dedicado una cantidad significativa de tiempo y esfuerzo al trabajo en esta Plataforma. Ellos y ellas han aportado su visión desde la academia y desde su área de especialización a la formulación de esta política. Este trabajo es un ejemplo de lo que es el corazón de CITRID: trabajo inter y transdisciplinario para atender los requerimientos del Estado y la sociedad, en torno a los riesgos de desastres socio naturales en Chile. CITRID mantiene una estrecha relación de colaboración con la ONEMI, teniendo incluso un convenio de colaboración firmado” explicó el Director de CITRID, Profesor Ricardo Herrera. 

En esa misma línea, Daniela Ejsmentewicz, agregó que “es interesante cómo se ha elaborado el documento, de una forma muy colaborativa a través del trabajo de la Plataforma Nacional de RRD. Los académicos de CITRID tienen una estrecha colaboración con la ONEMI, asisten de manera regular a sus mesas de trabajo y es una de las instituciones colaboradoras en el Observatorio Legislativo de Reducción de Riesgos de Desastres, un proyecto CITRID con colaboración de estudiantes de pregrado”.

Asimismo, lo ratificó la profesora Castro quien agregó que “hemos participado como Universidad de Chile del trabajo permanente de la Plataforma, realizando un aporte significativo y desinteresado, en la convicción de que en este tema es fundamental una retroalimentación continua entre teoría y práctica, siendo muy gratificante que la Plataforma se haya convertido en una instancia fecunda para que nuestros avances en investigación se traduzcan en el mejoramiento de las políticas públicas en temas sensibles para nuestra sociedad”

Desafíos de la Política de Reducción de Riesgos de Desastres  

La política será implementada a través del  Plan Estratégico Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres (PENRRD, 2020-2030), el que recogerá brechas detectadas de procesos anteriores y considerará las particularidades territoriales y diversidades de las comunidades, por medio de la ejecución de acciones estratégicas emanadas de las directrices instaladas en la presente política pública.

Respecto de los desafíos que se avecinan, Juan Pablo Sarmiento señaló que “el reto ahora consiste en la operacionalización e instrumentación de la política en sus ámbitos sectoriales y territoriales, en lograr una articulación de una política novedosa con un marco regulatorio existente complejo y disperso, y del cual depende el componente de rendición de cuentas, esencial e insustituible para intervenir la velocidad y la intensidad con la que una nación construye el riesgo. 

Asimismo, y en el marco del proceso de una nueva Carta Magna que vive el país, el académico señaló que “esta política debiera contribuir al debate constituyente, de forma de validar esos Enfoques Transversales y Principios Rectores planteados. Muchos países de la región y del mundo están expectantes a la materialización de esta política y de su impacto en el desarrollo sostenible de Chile”.

Por su parte, Natalia Silva destacó el carácter innovador de esta política destaca la importancia de seguir fortaleciendo “la gestión del riesgo de desastres, impulsadas y coordinadas desde el Estado de Chile, que consideren todo el proceso de gestión del riesgo, fomentando una articulación sinérgica entre los diversos actores de la sociedad, en pos del desarrollo sostenible y el carácter resiliente de territorios y comunidades”.

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