¿Estamos preparados para recibir el mundial sub-17?

Si consideramos los mundiales realizados hasta ahora en Chile (el mundial adulto 1962, el juvenil de 1987 y el femenino sub-20 de 2008) es claro que la organización de estos campeonatos ha contribuido a mejorar la calidad de los estadios. La ampliación del Estadio Nacional, del Sausalito en Viña del Mar y del Estadio El Teniente de Rancagua, así como la construcción del Estadio Carlos Dittborn en Arica, fueron los principales legados materiales de la justa internacional de 1962. Más modestos fueron los aportes realizados para el mundial juvenil de 1987, cita para la que se mejoraron las instalaciones de los estadios de Antofagasta, Valparaíso y Concepción. Algo diferente a lo que sucedió con la organización del mundial femenino sub-20, que en 2008 permitió dar inicio a la articulación de una nueva red de estadios, transformando completamente la cara de los coliseos de Coquimbo, La Florida, Chillán y Temuco. Desde entonces se ha iniciado la transformación de varios estadios, entre los que se cuenta el Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó, el Lucio Fariña de Quillota, el estadio La Granja de Curicó, el nuevo Fiscal de Talca y el estadio Chinquihue de Puerto Montt. La capacidad de los nuevos estadios de Chile se encuentra en consonancia con los requerimientos del fútbol nacional. El estadio quillotano, el más pequeño de los nuevos estadios, tiene 7.500 asientos; 18.750 espectadores es la capacidad del nuevo Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, el más grande de éstos. Algunos de estos estadios, eso sí, se encuentran todavía inconclusos.

La Red de Estadios Bicentenario, como se ha denominado al conjunto de infraestructuras deportivas planificadas a partir del mundial femenino sub-20 de 2008, ha sido financiada íntegramente por el Estado chileno, que a través del Ministerio de Obras Públicas licitó todas las obras. En este contexto, cabría preguntarse si es preciso reformar el procedimiento con el cual se llevó adelante la construcción de estadios. Si bien el desarrollo de estas infraestructuras deportivas se realizó a través de concursos públicos convocados por el MOP (podemos citar los casos de Curicó, Puerto Montt y Copiapó, entre otros), en rigor se trataba de concursos de construcción: propuestas técnicas y económicas presentadas por constructoras que inclu amp;iacute;an el proyecto de arquitectura como un commodity dentro de la propuesta general. Ciertamente esta modalidad no ha incidido negativamente en la calidad de los resultados e incluso varios de los casos han significado un aporte, como por ejemplo en el caso del proyecto de Lateral y Gubbins Arquitectos para el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, en Copiapó; sin embargo, sería deseable que la remodelación o construcción de estadios, equipamientos de una escala importante para cualquier urbe chilena, supusiera la op or tunidad para una discusión pública sobre arquitectura y ciudad, algo que no se conseguirá con la modalidad vigente.

Justamente en estrecha relación con lo anterior, podemos decir que estamos frente a una gran oportunidad para discutir cómo orientar de la mejor manera posible los impactos territoriales que tendrá la distribución de las sedes mundialistas y las inversiones asociadas en infraestructura y equipamiento. Si bien la postulación como sede para el mundial sub-17 2015 se hizo considerando aquellas ciudades (municipios) que estaban inicialmente dispuestos a acoger el campeonato, esa selección inicial puede cambiar si existe una voluntad diferente de la sociedad y el Estado. Será necesaria una decisión estratégica, respecto a considerar la designación de las sedes como una instancia no sólo para coordinar inversiones sectoriales, sino incluso para detonar nuevas dinámicas de desarrollo, las cuales no pueden ser concebidas en la mera interacción entre la Federación de Fútbol, los municipios y las sociedades anónimas que administran los clubes de las ciudades potencialmente involucradas.

En este sentido, el programa de inversiones tendientes a la organización del Mundial sub-17 debiera ser visto incluso como una posibilidad para apoyar dos procesos que serán clave en la próxima década para nuestro país: la reconstrucción y la descentralización. En el primer caso, ciertamente sería relevante la remodelación del complejo del Estadio Regional de Concepción (actual Alcaldesa Ester Roa) así como la finalización de obras e inauguración del nuevo Estadio Fiscal de Talca. En el tema de la descentralización, sería necesario abordar el caso del estadio municipal de Calama, sede de uno de los pocos clubes chilenos que ha accedido a instancias finales en campeonatos internacionales y que por no contar con un estadio que cumpla las condiciones mínimas exigidas por la Confederación Sudamericana de Fútbol no ha podido ejercer de local en esa ciudad. Al mismo tiempo sería difícil comprender que no se aproveche la oportunidad de renovar el Estadio Regional Chiledeportes de Playa Ancha y el Regional de Antofagasta, región esta última donde prácticamente no se ha invertido en infraestructura deportiva en 30 años. Estos estadios además, tienen la potencialidad de ser complejos olímpicos, albergando en el mismo espacio la práctica y el entrenamiento profesional de otros deportes.

Finalmente, y como señal país en relación con el deporte y las regiones, es preciso que se agilice la gestión tendiente a la ejecución de las etapas inconclusas de estadios como La Granja, en Curicó, y Chinquihue, en Puerto Montt. El Estado chileno ha desarrollado una política sensata en cuanto a no construir elefantes blancos, como célebremente denominara Arturo Alessandri al Estadio Nacional; por lo mismo, el dejar a medias una empresa de escala perfectamente abordable con los recursos técnicos y económicos de los que se dispone, arroja más sombras que luces respecto a la futura organización de un evento como el abordado en estas líneas.

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