Chile es mundialmente reconocido por su política neoliberal, instalada durante la dictadura militar entre 1973 y 1990, y las implicaciones que han tenido en la gestión del agua, cristalizadas en el infame Código de Agua de Chile que ha sido estudiado ampliamente por críticos académicos sobre política y mercados del agua. Las principales implicaciones del Código son la separación de los derechos de agua de los derechos de tierra, la asignación gratuita y perpetua de los primeros a los solicitantes y la falta de priorización entre los usos del agua (Fragkou y Budds, 2020). Estas condiciones centrales permitieron comprar y vender agua como cualquier otra mercancía del mercado, a través de las transacciones de derechos de agua (Budds, 2009), dejando a los mercados asignar 'naturalmente' el agua en la actividad más rentable, al tiempo que restringían el control o la intervención del Estado.
La reducción de los impactos de la política de agua chilena en la escala doméstica o personal revela una realidad frustrante y precaria para muchos chilenos, especialmente las mujeres en los asentamientos urbanos informales y las zonas rurales. La extrema precarización de las condiciones de vida de las personas pobres y marginadas está íntimamente ligada a estructuras más amplias de una falta absoluta de políticas de bienestar del Estado, sustituidas por políticas subsidiarias parciales y de emergencia. La política y los políticos chilenos han creado y perpetuado un mapa de desigualdad y segregación socioespacial, tanto en Chile urbano como rural, profundizando las divisiones de clase social.
Un levantamiento social que precedió a la pandemia en octubre de 2019 , literalmente sacudió al país y sacó a la luz el fracaso del modelo neoliberal y extractivista de Chile que había prometido desarrollo y riqueza para todos (aquellos que intentan lo suficiente). Entre los reclamos por una mejor educación pública, salud, pensiones y bienestar social, la gestión del agua como bien público fue uno de los principales reclamos de los ciudadanos chilenos; afirmaciones que se han sedimentado en una demanda de revisión de la Constitución de 1980, creada y aprobada por la junta militar, un año antes de la implementación del Código del Agua.
La crisis de salud que provocó la pandemia de COVID-19 solo se produjo como un giro irónico que demostró que las demandas sociales eran justas, urgentes y vitales para la supervivencia de las clases bajas chilenas, donde más del 50% de los trabajadores reciben un salario mensual inferior a 400 libras . El suministro de agua y el saneamiento suficientes y seguros son los principales aliados para restringir la propagación y expansión de la emergencia de salud global por coronavirus, enfatizados por una serie de programas de las Naciones Unidas, incluidos la FAO, el UNICEF, los programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Medio Ambiente y la Organización Internacional para las Migraciones. Primero, una cantidad suficiente de agua garantiza prácticas de higiene como lavarse las manos con frecuencia y lavar la ropa y bañarse después de regresar del trabajo. En segundo lugar, la buena calidad del agua y el saneamiento adecuado son necesarios para salvaguardar la salud pública, ya que los hospitales colapsan con los casos de COVID-19 y es común que los pacientes contraigan el virus mientras los visitan por otras causas. Finalmente, en hogares sin agua corriente, las personas (generalmente mujeres) tienen que buscar agua de los depósitos de agua en los espacios públicos, infringiendo las reglas de cuarentena y arriesgándose al contagio. En los asentamientos informales, estos generalmente son depósitos que están llenos de tanques de agua; esta agua no es considerada segura por las personas, quienes suelen hervirlo antes de su consumo directo. A continuación, presentamos dos casos emblemáticos con falta de agua corriente en Chile, que demuestran cómo son las comunidades pobres y marginadas las que sufren de falta de agua, por lo que son más vulnerables a la pandemia.
Imagen 1. Personas que se ayudan mutuamente entre la ignorancia estatal de la pandemia en las áreas afectadas por la megamedaña en la región de Petorca (fuente: Diario La Quinta de Valparaíso ).
Uno de los lugares que históricamente sufren de falta de agua potable y segura son los asentamientos informales, generalmente desconectados de las redes formales de electricidad y agua (Contreras et al., 2019). A lo largo de Chile, hay alrededor de 800 campamentos que albergan a más de 47,000 familias, la mayoría de ellas ubicadas en las afueras de los centros urbanos . La falta de agua corriente es dramática bajo la pandemia de COVID-19, ya que las personas no pueden cumplir con las prácticas de higiene del lavado frecuente de manos para prevenir el contagio, ni realizar tareas cotidianas como lavar la ropa y limpiar la casa. Algunas comunidades están conectadas ilegalmente a la red, mientras que otras reciben agua a través de tanques de agua; El precio de esta agua (no potable) es varias veces mayor que la distribuida por las empresas sanitarias. En cualquier caso, estos asentamientos no tienen alcantarillas, lo que empeora las condiciones de higiene, especialmente para niños y personas mayores.
Otro ejemplo son las áreas rurales con acceso limitado o nulo al agua debido a una variedad de razones, incluida la falta de infraestructura, la expansión de monocultivos agrícolas y forestales intensivos y una sequía que ha estado afectando al país durante la última década. Según datos recientes , el 47% de la población rural no tiene acceso regular al agua, y más de 71,000 hogares recibieron agua a través de camiones cisterna en 2017. PetorcaEs un caso mundialmente conocido de escasez de agua atribuido a la acumulación de agua por parte de los agronegocios que resultó en privar a las comunidades locales y a los pequeños agricultores del agua. Como resultado, la mayoría de los sistemas de suministro de agua potable rural (comités de agua potable rural) dependen de camiones cisterna de agua o tienen que interrumpir el suministro de agua por las noches para ahorrar agua, lo que dificulta el mantenimiento de las recomendaciones de higiene. La cantidad de agua distribuida por los camiones se redujo gradualmente de 200 a 50 litros / cap / día, apenas un tercio del volumen recomendado por la Organización Mundial de la Salud, causando una serie de reacciones drásticas por parte de la sociedad civil. El Instituto chileno de derechos humanos(INDH) presentó una apelación de protección legal debido a que el Estado chileno no garantizó la seguridad del agua para los residentes de Petorca; Una activista ecofeminista, Barbara Astudillo , también presentó una apelación ante la ONU por la misma razón, mientras que los congresistas y las organizaciones de la sociedad civil han exigido la expropiación de los derechos de agua para garantizar el derecho al agua para las comunidades locales.
Estos dos casos representan la estrecha interconexión entre la pobreza y la falta de agua, y sus impactos en la salud pública, en el Chile neoliberal. Hace solo 5 meses, el Senado chileno rechazó una moción para transformar el agua en un bien público . Hoy en día, Chile tiene más de 9.600 casos confirmados de COVID-19 por 1 millón de habitantes, la tasa más alta en todo el mundo . El camino hacia la justicia social y ambiental es largo y difícil para Chile, pero su gente, a pesar de ser invisible para el gobierno, no parece rendirse fácilmente.
PD. Entre las numerosas campañas que tienen como objetivo ayudar a las comunidades afectadas por la pandemia, la Asociación de geógrafos feministas chilenos y la Fundación Vivienda Migrante están organizando una campaña para recaudar fondos para mujeres en dos campañas que no han recibido asistencia estatal. Puede encontrar más información aquí: https://www.instagram.com/p/CBbGrPNJdSL/?utm_source=ig_web_copy_link
Referencias
Bauer, CJ (2015). Conflictos hídricos y problemas de gobernanza arraigados en el modelo de mercado de Chile. Alternativas de agua 8 (2): 147-172.
Budds, J. (2009). H2O en disputa: Ciencia, política y política en la gestión de recursos hídricos en Chile. Geoforum 40 (3), 418–430. DOI: 10.1016 / j.geoforum.2008.12.008
Contreras, Y., Neville, L., González, R. (2019). La falta de formalidad en el acceso a la vivienda para los migrantes latinoamericanos: un estudio de caso de una ciudad chilena intermedia. Revista Internacional de Política de Vivienda 19 (3), 411-435. DOI: 10.1080 / 19491247.2019.1627841
Fragkou, MC y Budds, J. (2020). Desalinización y desarticulación de los recursos hídricos: estabilización del modelo neoliberal en Chile. Transacciones del Instituto de Geógrafos Británicos 45 (2) , 448-463. DOI: 10.1111 / tran.12351
Larraín, S. y Schaeffer, C. (2010). Conflictos por el agua en Chile: entre los derechos humanos y las reglas del mercado. Disponible en: http://www.chilesustentable.net/wp-content/uploads/2015/06/Conflicts-over-Water-in-Chile.pdf
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